Una correcta regulación de las obligaciones de protección de datos personales, evita o minora el riesgo de incurrir en:
- sanciones administrativas a partir de 900 €, que en situaciones de incumplimientos de extrema gravedad pueden alcanzar los 600.000 €.
- Pérdida o deterioro de imagen en el mercado y de relaciones comerciales con clientes y proveedores.
- Conflictividad laboral derivada del uso de sistemas de videovigilancia, susceptibles del control de la actividad laboral.
- Responsabilidades de Administradores por omisión de sus deberes de supervisión, vigilancia y control.